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– Ni «oportunista», ni «improvisada», la prostituta y activista por los derechos de la mujer, Ángela Villón, quiere llegar al Congreso de Perú porque el Estado «ha ignorado a las minorías por años y ya nos hemos cansado», dijo hoy en una entrevista con Efe.
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Villón, de 51 años, ha ejercido la prostitución desde los 16 y fue elegida esta semana en las primarias del partido de izquierdas Frente Amplio para ir en la lista al Congreso por Lima en las elecciones generales del 10 de abril.
Su primera incursión en el asociacionismo fue en 2002 cuando se interesó en crear una agrupación para defender los derechos de las trabajadores sexuales y la idea se materializó en 2004, con la organización «Miluska, vida y dignidad», que fue pionera en el país y que recibió este nombre como homenaje a una compañera que fue asesinada por un cliente en 1998.
En la actualidad, Villón preside el movimiento de trabajadoras sexuales en Perú y en 2009, después de celebrar su primer congreso, se plantearon cuestiones políticas, así como la recuperación de la autoestima, «porque hemos sido violadas, humilladas y esto afecta a nuestra personalidad».
«Desde que nacemos, a las mujeres nos inyectan la culpa y la vergüenza y esas cuestiones de género no nos dejan desarrollarnos en una sociedad tan machista y tradicional como la peruana», lamenta.
En sus planes como congresista, Villón propondrá un «tratamiento de fondo» donde se tengan en cuenta «políticas públicas en educación combatiendo el sexismo, el machismo y la misoginia en las primeras etapas y evaluar dentro de 30 años cómo hemos evolucionado como país».
Se define como «una puta decente» que hará de este órgano representativo un lugar «respetable» porque en el Congreso «se han prostituido los ideales, la ética, la moral y se ha negociado la esperanza del pueblo».
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Insiste, sobre todo, en que sus bases buscan hacer «un trabajo digno» en el que se «humanicen» las autoridades porque «indistintamente de nuestro trabajo somos personas».
Villón dice que «nos deshumaniza» no reconocer derechos a personas de diferente identidad sexual o de género, no reconocer el aborto en casos de violación y no cuidar los derechos de las trabajadoras sexuales.
«Tenemos una influencia muy grande de la iglesia católica que no está respetando que vivimos en un estado laico y dentro del Congreso hay autoridades muy conservadoras que no nos dejan avanzar en cuestiones de derechos humanos», subraya.
