0 of 6
El presidente Rafael Correa, durante su habitual informe de los sábados, informó que este viernes se llegó a un acuerdo con la petrolera y que el país alcanzó un descuento de 420 millones de dólares, en unas negociaciones que calificó de «durísimas».
PUBLICIDAD
Correa admitió que en las negociaciones, el país también aceptó hacerse cargo de pasivos tributarios y laborales que la compañía estadounidense tiene en Ecuador.
Con ello, dijo Correa, la reducción del pago es de, al menos, 17,2 % (unos 240,8 millones de dólares).
El mandatario recalcó que ese acuerdo le evitó al país nuevas demandas de la petrolera, que se cerraran líneas de crédito o aumentara el riesgo país, entre otras consecuencias.
El plan de pago, añadió, ya empezó con un primer desembolso de 100 millones de dólares el pasado 21 de diciembre y que el próximo pago por una cantidad similar se efectuará el 15 de enero.
Asimismo, se prevé que el próximo desembolso por 200 millones de dólares se entregue el 29 de febrero y otros 300 millones el 31 de marzo, mientras que el remanente, hasta alcanzar los 980 millones, hasta el 29 de abril.
Con ello, aseguró Correa, se cerrará el litigio arbitral con la petrolera Occidental que empezó en 2006 y que concluyó con el laudo de condena en noviembre pasado.
PUBLICIDAD
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) ordenó a Ecuador pagar a Oxy unos 1.000 millones de dólares, tras un proceso sobre supuestas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
Ese monto ascendió a 1.400 millones de dólares al sumar los intereses, pero ambas partes iniciaron negociaciones para alcanzar un acuerdo amistoso.
Este proceso comenzó en 2006, cuando Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi después de que el Gobierno declarara la caducidad de un contrato de explotación de crudo, por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.
El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió la operación de las instalaciones de la compañía estadounidense (justificada en el contrato), lo que para la petrolera fue una especie de confiscación de sus activos y una supuesta violación al tratado de inversiones con Estaos Unidos.
