Un total de 821 personas se encuentran privadas de la libertad por adeudar pensiones de alimentos, de enero a noviembre de 2015, mantener en prisión a cada una de ellas le cuesta al Estado 160 dólares mensuales. Así lo anunció este 9 de enero de 2016 el presidente de la República, Rafael Correa, durante su enlace ciudadano desde Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, con datos del Ministerio de Justicia.
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«Nos sale mucho más caro tener a esta persona presa que lo que tiene que pagar por pensión, nos cuesta tres veces más», aseveró el primer mandatario.
Ante ello, el jefe de Estado propuso dos alternativas: que el padre de familia utilice un sistema de vigilancia (brazalete electrónico) en vez de permanecer en la cárcel y que el Estado pague la pensión alimenticia y el privado de la libertad trabaje para el Estado hasta que encuentre un empleo estable.
Estas alternativas están siendo trabajadas al momento y se anunciará su ejecución cuando ya sean totalmente seguras.
