El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento de Venezuela, el diputado opositor al Gobierno Henry Ramos Allup, confirmó hoy, 5 de enero del 2016, que tratarán este año adelantar el fin del Ejecutivo del presidente, Nicolás Maduro.
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En seis meses se decidirá la «salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este Gobierno», lo que, junto a una Ley de amnistía a favor de «presos políticos», son «compromisos no transables», recalcó en su primer discurso tras ser investido como jefe del Legislativo.
Las fuerzas opositoras al Gobierno han anunciado que sus dirigentes acordaron en julio pasado darse a partir de hoy un plazo de medio año para decidir «la vía constitucional» para una salida anticipada del poder de Maduro, elegido en 2013 para un período que vence en 2019.
Las opciones para ello, recordó, son el referendo revocatorio del mandato presidencial -puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su gestión-, la enmienda constitucional, la renuncia voluntaria del gobernante o el establecimiento de una Asamblea Constituyente.
Ramos Allup confirmó que «en los próximos días» debe recibir en el hemiciclo a Maduro y lo hará «con dignidad y respeto». «En los próximos días vendrá aquí el presidente de la República a rendir su mensaje anual, él y sus ministros, a rendir memoria y cuenta; lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica», dijo.
Ramos Allup, uno de los más firmes opositores a Maduro, recordó que los diputados no tienen entre sus atribuciones aprobar o no el balance anual de la gestión presidencial, pero advirtió de que sí el de los ministros.
«No tenemos facultad constitucional para aprobar o improbar (sic) el mensaje (presidencial), pero sí para debatir sobre él y emitir un pronunciamiento político y eso es lo que vamos a hacer», y en el caso de los ministros, llamó a que sean interpelados.
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«Ustedes, diputados, deben interpelar a los ministros, preguntarles, exigirles informaciones y de allí derivar una conclusión respecto de la gestión de los despachos con los dineros públicos de los venezolanos», advirtió.
También dijo que se le pedirá a Maduro dialogar públicamente con la oposición, porque «los venezolanos quieren diálogo». «Las sociedades civilizadas o dialogan o se matan. Diálogo no supone entrega ni transacción, ni claudicación ni cobardía; supone simplemente intercambio de opiniones para transacciones, en el buen sentido de la palabra, que haya que hacer para mejorar», señaló.
Deben ser, prosiguió, «diálogos públicos» y que previamente «se conozcan los contenidos» y luego «sus resultados». Aunque repitió que no convertirá el Legislativo «en trinchera para disparar a mansalva contra otros poderes», Ramos Allup anunció que el Legislativo asimismo controlará al «indebidamente constituido» Poder Judicial, al que acusó de estar «al servicio del Ejecutivo».
También fiscalizará a la Fiscalía, a la Contraloría, «que no controla nada», y al Poder Electoral, «el más perfecto y blindado del mundo», recalcó
