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Una Ley de amnistía supone el perdón de un delito, la promulgación de una medida como esa implica el «olvido» de los crímenes cometidos por una persona de forma absoluta, de hecho, los delitos quedan eliminados al igual que todo tipo de responsabilidad.
La naturaleza política de la amnistía, cuya promulgación recae constitucionalmente en el poder Legislativo, le permitiría a la nueva Asamblea Nacional promulgar por decreto o por la Ley el perdón a los crímenes cometidos, sin embargo, esa Ley debe ser aprobada por el Presidente de la República -representante del poder Ejecutivo- y por el Tribunal Supremo de Justicia, instancia del poder Judicial y máximo intérprete de la Constitución del país.
La derecha promotora de la impunidad
Casos de responsabilidad en asesinatos, estafas, intentos de golpes de Estado y corrupción de parte de activistas políticos vinculados a la oposición podrían ser “olvidados” y promover la impunidad de los crímenes contra el pueblo venezolano. De acuerdo al portal unidadvenezuela.org el objeto de la Amnistía general y plena promovida por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, sería en “favor de personas implicadas en casos investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial, y sometidas a procedimientos administrativos o penales y que supondría la finalización de las inhabilitaciones políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la inmunidad parlamentaria”.
El principal objetivo de esta propuesta de Ley es liberar al dirigente opositor Leopoldo López, responsable de la muerte de 43 personas durante las guarimbas, así como obtener la impunidad para los implicados en actos terroristas que promovieron y participaron en actos contra la estabilidad política de Venezuela, tal es el caso de Daniel Ceballos, condenado por la comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento.
Muchos de los que se beneficiarían con la amnistía huyeron del país para evitar entregarse a la justicia y enfrentar el debido proceso por la comisión en muchos casos de “delitos comunes”, tal es el caso de Manuel Rosales, ex alcalde de Maracaibo imputado en 2008 por enriquecimiento ilícito.
