presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó hoy su esperanza de que se superen los «problemas» en las negociaciones con la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), a la que se debe desembolsar unos 1.400 millones de dólares a tenor de una decisión arbitral internacional.
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«Estamos negociando muy fuertemente con Occidental, hay problemas, esperamos que sean superados, para conveniencia de Ecuador y la compañía», dijo Correa en su informe semanal de labores en el que comentó sobre una reunión de seguimiento al caso.
El gobernante añadió que «el peor de los mundos es llegar a un impasse, pero tampoco permitiremos que se humille y se abuse del Ecuador», aseveró.
El pasado 22 de diciembre, Correa informó de que el Gobierno consiguió un descuento sobre la deuda.
«Hemos conseguido un descuento de al menos 18 por ciento de lo que tenemos que pagarle a Oxy», aseguró entonces Correa y recalcó que el Estado ecuatoriano no acepta una condición de la petrolera que pretende reservarse el derecho a poder demandar nuevamente al país.
Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) ordenó a Ecuador en noviembre pasado pagar a Oxy unos 1.000 millones de dólares, tras un proceso sobre supuestas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
Ese monto ascendería a unos 1.400 millones de dólares si se suman los intereses, según fuentes oficiales ecuatorianas.
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Este proceso comenzó en 2006, cuando Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi después de que el Gobierno de Quito declarara la caducidad de un contrato de explotación en un zona petrolera en la Amazonía, por haber cedido la compañía, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.
El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió las operaciones del campo que operaba, lo que para la petrolera fue una especie de confiscación de sus activos y una supuesta violación al TBI con Estados Unidos.
Correa ha criticado que «tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación».
El presidente considera que el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, no debía tramitar el caso al tratarse de un asunto de caducidad del contrato, que no forma parte de los TBI.
