Viajar a otro país europeo dejará de suponer, próximamente, el apagón automático de muchos de los servicios online por los que los usuarios han pagado. Representantes de las tres grandes instituciones de la UE, Consejo, Parlamento y Comisión, han logrado este martes un acuerdo para acabar con las barreras transfronterizas que impiden, por ejemplo, que muchos espectadores puedan ver en su dispositivo móvil determinadas retransmisiones deportivas fuera de su país pese a estar suscrito al canal que las emite, o acceder a su versión web nacional en servicios de vídeo a la carta como Netflix. También a otras plataformas de contenidos como e-books o videojuegos.
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En un momento en que capitales, bienes, servicios y personas se mueven libremente por el continente, y el fin del roaming —el sobrecoste por llamar desde un país a otro de la UE— es solo cuestión de meses, Bruselas quiere unir los contenidos online a esa lista y llevar la idea de mercado único al sector audiovisual. La nueva regulación va por ese camino: busca evitar que los consumidores se enfrenten a molestos obstáculos solo por estar en París, Estocolmo o Budapest. Hasta ahora, cuestiones como los derechos de autor y las licencias ligadas a un territorio impedían que un cliente pudiera acceder a determinados servicios online pese a haber pagado por ellos.
La portabilidad termina con esa paradoja y permitirá al usuario disfrutar de sus suscripciones en otros países aunque con matices: las nuevas medidas solo servirán para periodos temporales fuera del país de residencia por vacaciones, viajes de negocios o estancias estudiantiles limitadas. Además, las normas comunitarias seguirán avalando el bloqueo geográfico al prohibir la suscripción a servicios de otros países europeos para evitar una fuga de usuarios hacia los Estados miembros donde sean más baratos. Para que no haya fraudes, los proveedores de contenidos deberán encargarse de verificar el país de residencia de los usuarios.
El acuerdo alcanzado en la tarde de este martes deberá todavía ser ratificado en una votación en la Eurocámara, así como por el Consejo, pero el pacto alcanzado entre las tres principales instituciones comunitarias hace prever que su puesta en marcha es solo cuestión de tiempo, y Bruselas espera que entre en vigor este mismo año.
Con información de El País
