En la Comisión de Justicia, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, dijo que el gobierno ha implementado una serie de políticas y normas legales, con el apoyo de la Asamblea, en el objetivo de desincentivar la salida de capitales y la evasión tributaria a través de paraísos fiscales, previniendo, así, sus efectos económicos y sociales nocivos.
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Con esta oportunidad, el funcionario pidió al Legislativo aprobar la propuesta de reforma al proyecto urgente de Ley Solidaria, que consolidará la lucha contra la corrupción en materia de evasión de tributos y salida de capitales.
Explicó que el objetivo principal de los negocios en paraísos fiscales es evadir el pago de los impuestos a la renta de sociedades y personas naturales por dividendos, a la salida de divisas y a las herencias, tras señalar para ese tipo de prácticas se utilizan varias estrategias: deducir gastos inexistentes, realizar transacciones y pagos desde el exterior (fuga de capitales), evitar la retención del impuesto a la renta y ocultar la titularidad del patrimonio.
Indicó que se hay glosas por riesgo y ejercicio fiscal -incluye paraísos fiscales- por un monto de 1.400 millones por sobrevaloraciones de importaciones, exportaciones y de regalías.
En nuestro país existen 10.035 sociedades nacionales con un patrimonio total de 26 mil millones que tienen participación de empresas extranjeras en un 77%, es decir, 20.325 millones, de los cuales 4.101 millones corresponden a accionistas domiciliados en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales preferidos por los accionistas que tienen participación en empresas ecuatorianas son: Panamá (59,59%), Barbados (11.76%) e Islas Caimán (10,30%), comentó.
