Margarita Hernández: La Economía Popular y Solidaria ha superado adecuadamente la crisis

Por Andrea Martinez

Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, explica la capacidad de resiliencia y robustez que ha mostrado este sector durante las dificultades generadas por la emergencia sanitaria por COVID-19.

 

¿Cómo afectó la pandemia al sector de la Economía Popular y Solidaria? ¿ Cuál es el panorama en este momento?

Si hablamos del sector financiero popular y solidario, es importante dar algunas cifras que nos permiten entender este segmento de la economía.

Con corte a julio de este año, 527 entidades son parte de este sector en el país. De estas, 523 son cooperativas de ahorro y crédito y cuatro mutualistas. Estas entidades reúnen un total en activos de 16.556 millones de dólares; una cartera de crédito por más de 12 mil millones; y depósitos por 12.883 millones.

La realidad del sector varía mucho al tomar en cuenta el tamaño de las entidades que lo integran. Por normativa, las cooperativas están distribuidas en cinco segmentos según sus activos.

En el segmento uno tenemos a cooperativas con activos de más de 80 millones de dólares, 36 en este momento. En el mismo segmento, sin importar los activos, están las cuatro mutualistas. En el segmento dos, tenemos 46 cooperativas con activos entre 20 y 80 millones; en el segmento tres, 84 cooperativas con activos entre 5 y 20 millones. En el segmento cuatro, 165 organizaciones con activos entre 1 y 5 millones. En el segmento cinco, 192 entidades con activos inferiores a un millón.

Bajo estos datos, 40% de las entidades del segmento uno reúnen el 81% de los activos del sector, mientras que 357 de los segmentos cuatro y cinco representan el 3% de los activos, y así mismo se distribuye el resto de indicadores.

Otro tema para entender la capacidad de resiliencia y lo que pueden hacer estos actores para la reactivación económica es su ubicación. Tenemos georeferenciados los puntos de atención a nivel nacional por segmento. El 54% de estos puntos se encuentran en los cantones con altos índices de pobreza y el 37% de ellos están en cantones que registran altos índices de ruralidad.

Estos puntos de atención en el país son 3.568 en total y al hacer referencia a los puntos de altos índices de pobreza y ruralidad, vemos que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el Ecuador es de 34% y la pobreza del 32%. Entendemos que estas organizaciones, al amparo de sus principios, están sirviendo más en esos sectores donde hay más necesidad.

En cuanto a la gestión propia de las entidades, al amparo de un plan de contingencia que se desplegó en marzo, hemos hecho el seguimiento diario de los indicadores y del rendimiento de la liquidez y de la cartera de las entidades para reaccionar oportunamente a cualquier impacto que pudiera ser desfavorable derivado de la crisis que estamos viviendo.

El impacto o afectación inevitable tiene que ver con el indicador de morosidad, pero hemos visto una gestión muy provechosa de las entidades en lo que tiene que ver con la aplicación de la normativa que se ha generado para mitigar el impacto de la crisis en los sujetos de crédito.

En primer lugar está el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias y la reprogramación de obligaciones al amparo del art. 12 de la Ley Humanitaria. Con la aplicación de esta normativa, el saldo de cartera que se difirió de manera extraordinaria por parte de las cooperativas supera los 7.000 millones de dólares y representa el 66% del total de la cartera. Es decir, se difirieron más de 903 mil operaciones a nivel nacional.

Atando con la situación que vivimos actualmente, estos diferimientos se aplicaron, en su mayoría, en las provincias más afectadas por la COVID. El 59% de las operaciones diferidas corresponde a estas provincias.

 

Después del diferimiento, ¿qué pasa si no se puede aún cumplir con las obligaciones?

Tanto el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias y la reprogramación de obligaciones están encaminadas a que la operación de crédito se mantenga como estaba originalmente pactada. Ninguna de estas dos opciones genera una nueva operación, lo que cambian son las condiciones. Con esto no se afecta la calificación de riesgo del sujeto de crédito y no se generan nuevos cobros relacionados con el otorgamiento de un nuevo crédito. Este es el verdadero beneficio que surge de este encadenamiento de ambos procesos.

En el diferimiento, las condiciones se mantenían intactas, pero se dieron plazos con los que se permitía meses en los que no se cobre la obligación y luego distintas modalidades para cobrar esos valores cuando la operación se active. Esto estuvo vigente hasta que se emitió la norma para aplicar la reprogramación.

Ahora, lo que corresponde es que los sujetos deudores se acerquen a las entidades con las cuales mantienen un crédito y soliciten esta reprogramación a través de las distintas figuras que establece la normativa legal vigente, para poder transar con la entidad unas características en esta operación que hagan viable cumplir con la obligación.

Otro tema importante es que en ninguno de los dos casos se generan intereses de mora, un beneficio adicional para los deudores en caso de que hubiera incumplimientos en el pago.

 

¿El sistema puede soportar hasta que se empiece a mejorar la economía?

Hemos pasado 180 días desde que se declaró la emergencia y en estos 6 meses de paralización, precisamente en las provincias más afectadas, las entidades han demostrado su robustez, manteniéndose no solo operativas, sino colocando nuevos créditos y entregando a los socios sus depósitos cuando han sido requeridos. Ya lo demostró el sector con el diferimiento extraordinario. Ahora viene esta nueva etapa que es la reprogramación y que se fundamente en este acuerdo entre entidad y socio deudor para poder encontrar la mejor salida.

A las organizaciones por ser de la Economía Popular y Solidaria les corresponde conocer la lógica de su socio y al socio, por ser dueño de la entidad, le corresponde garantizar su correcto funcionamiento. Este vínculo nos va a llevar a lo que hemos visto hasta ahora, una enorme capacidad de resiliencia del sector y de superar adecuadamente esta crisis que no ha llegado a contagiar al sistema financiero.

¿El desempleo, cómo afecta al sistema?

Si hacemos una comparación con la población en edad de trabajar, el 39% es socia de una cooperativa de ahorro y crédito, por lo que algunos indicadores económicos tendrán una repercusión. Sin embargo, se puede prever que los créditos relacionados con determinadas actividades económicas especialmente afectadas por la crisis, podrían tener indicadores negativos para las entidades.Tres son básicas para el análisis: comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

 

Cabe recalcar que estas operaciones ya deben estar en el proceso de refinanciamiento o de reprogramación.

 

¿La pandemia ha retrasado su plan de trabajo sobre inclusión financiera? 

No hemos dejado de trabajar en ello. Hacemos un esfuerzo muy grande. Las entidades están captando recursos en lugares donde hay mayor capacidad de crédito para colocarlo en cantones donde se necesita.

Para hacerlo es necesario entender la dinámica del sector, por lo que se está trabajando en análisis por género, por rango etario, y situación de migrantes.

Como saben, las entidades de la Economía Popular y Solidaria tiene un estrecho vínculo con sus socios y eso nos motiva a seguir trabajando por la inclusión financiera pero con un giro que tiene que ver con la transformación digital.

La nueva normalidad va a requerir un mayor contacto con canales digitales y nos corresponde estar al día para favorecer la expectativa de los socios y las necesidades de las entidades.

Desde la Superintendencia hemos trabajado la normativa para el desafío digital, donde se toma en cuenta el tamaño de la entidad, pero sin dejar al margen de este proceso a ninguna.

Por ello se favorece el uso de alianzas estratégicas, para que entidades grandes puedan generar economía de escala y permitir que las pequeñas puedan llevar servicios digitales hacia sus socios.

 

¿Qué significa para su carrera estar al frente de este sector?

He sido servidora pública toda mi vida. Estar en un organismo público significa servir desde el puesto que se tiene a esa necesidad o gestión que se nos ha sido encargada. Ahora tengo una responsabilidad mayor y la necesidad de direccionar los esfuerzos institucionales a beneficio de estas entidades y de las personas que las integra.

 

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