En un operativo conjunto, fiscales anticorrupción y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) allanaron hoy las oficinas de la línea aérea LaMia y la oficina de la exfuncionaria de Aasana, Celia Castedo, ocho días después del accidente del avión de LaMia en Colombia, donde murieron 71 personas.
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El jefe de aeropuerto de Viru Viru, José Quiroz, informó que el objetivo es obtener documentación relacionada a la empresa y sobre todo a la autorización de salida del vuelo otorgada por Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (Aasana).
Las oficinas de Aasana se encuentran en el aeropuerto internacional de Viru Viru, mientras que LaMia tiene en pleno centro de la ciudad. La exfuncionaria huyó a Brasil, tras los anuncios de querella formulados el fin de semana por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
El Gobierno anunció drásticas sanciones a los responsables de otorgar licencia de operaciones a LaMia y al personal que autorizó la salida desde Viru Viru, sin considerar los requisitos de autonomía de vuelo, que derivó en el fatal accidente donde fallecieron jugadores del equipo brasileño del futbol Chapecoense.
La salida de Castedo rumbo a Brasil, se produce horas previas a la reunión entre fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia, a invitación del Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero. La exfuncionaria obtuvo refugio de un año, tiempo en el que el Comité Nacional del Refugiado (CONARE) debe decidir si acepta darle este beneficio de manera permanente.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, exigió su expulsión inmediata porque la salida e ingreso de la exfuncionaria a Brasil fue ilegal, y pidió aplicar el procedimiento para que enfrente en Bolivia un proceso penal por supuesto incumplimiento de deberes en el caso del siniestrado.
