Cuando parecía que los problemas judiciales se habían acabado para Neymar, la nube negra vuelve a posarse sobre él. Este viernes, la Audiencia Nacional ordenó reabrir el caso del brasileño por presunta corrupción en el precio del traspaso desde Santos al Barcelona.
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Luego que el juez José De La Mata decidiera archivar el caso por no considerarlo un procedimiento penal, la sección cuarta de la Sala de lo Penal admitió el recurso de la Fiscalía y revocó la decisión anterior del juez, con lo que se reabre el caso.
Ahora, los demandados deberán enfrentar un nuevo juicio tras la denuncia del fondo brasileño DIS, quienes tenían el cuarenta por ciento de los derechos federativos del futbolista cuando fue vendido de Santos a Barcelona y acusan que se vieron perjudicados en la operación.
La acusación de DIS nace por el acuerdo al que llegó el cuadro culé con la familia de Neymar para asegurar su fichaje tras pagarles 40 millones, además de los 17,1 millones que se le pagaron al Santos. Con esto, dicen, que se «alteró el libre mercado» y no permitieron que se aceptara una oferta mayor, lo que los perjudicó de recibir más plata con la venta.
Por eso, la Audiencia Nacional volvió a recabar los antecedentes del «caso Neymar» y reabrieron la causa porque hay indicios suficientes para seguir con la investigación por estafa y corrupción entre particulares.
Revisa los datos recopilados por el diario Marca para entender el complejo panorama que vive Neymar
Los datos del «caso Neymar»
- Los demandados son Sandro Rosell -ex presidente de Barcelona-, Josep Maria Bartomeu -actual mandamás culé-, Neymar, el padre y la madre del jugador, Barcelona, Santos y Odilio Rodrigues -ex presidente de Santos.
- El juicio es por los delitos de estafa y de corrupción entre particulares
- La acusación viene del fondo brasileño DIS, quienes poseían el 40% de los derechos federativos de Neymar al momento de su venta desde Santos a Barcelona
- La demanda se basa en que Barcelona negoció directamente con la familia de Neymar para asegurar su fichaje antes que fuera jugador libre y les pagaron 40 millones de euros, mientras que Santos recibió 17,1 millones por los derechos federativos y de ese monto sale el pago a DIS. Además, se asegura que el monto de la operación fue mucho mayor, la que se escondió en otros contratos, y se vieron perjudicados por recibir menos dinero del correspondiente
- DIS pide una compensación económica de 33,9 millones de euros
- La gran prueba de la investigación son los contratos firmados y la existencia de un doble contrato. En el primero se detallan los 40 millones para la familia y el segundo es un falso documento de un préstamo de diez millones de euros, monto pagado, también, para asegurar su fichaje. En tanto, se investigan otros contratos anexos para esconder el monto real del fichaje, que superaría los 80 millones de euros
- Todos los demandados irán a juicio y deben presentarse a declarar
- Los demandados arriesgan penas de cárcel desde uno a seis años por estafa y corrupción entre particulares. Sin embargo, es probable que no vayan a prisión.