La penúltima semana de 2018 podría resultar clave para Nicaragua y para la evolución de la crisis que estalló en el mayor de los países centroamericanos a mediados de abril, la peor en más de 40 años.
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Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó una ley que ordena sanciones en contra del gobierno de Nicaragua y "sus cómplices" en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, similares a los que se le acusa en el marco de las protestas, que han dejado al menos 325 muertos.
Y para este viernes está prevista la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le encargó el esclarecimiento de las primeras muertes, con la autorización del gobierno de Nicaragua.
El GIEI empezó sus labores en junio, con la anuencia del presidente Daniel Ortega, pero el miércoles el mandatario ordenó intempestivamente su salida del país, junto a la de la Misión Especial de Seguimiento para Nicaragua de la misma comisión (MESENI).
Y, en vísperas de la presentación del informe -originalmente estaba previsto que se realizara en Nicaragua- BBC Mundo conversó con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrāo, para conocer su balance de la situación a ocho meses del inicio de lo que calificó como "una de las más graves situaciones de derechos humanos" del continente.
