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Un barco cargado de inmigrantes africanos en el Mediterráneo es rechazado por el gobierno italiano y en pocos días el gobierno de Alemania, la gran potencia de Europa, se tambalea.
Así de endiablada es la política europea y de peliaguda la cuestión de la inmigración, que provocó en los últimos años agrias polémicas en la Unión Europea (UE).
La última amenaza con apartar del poder a Angela Merkel, la líder del país que visto como el último baluarte de la estabilidad en el viejo continente.
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Su intención de acordar con sus socios de la UE una solución común para hacer frente a la situación de los inmigrantes que llegan de África y Medio Oriente, afectados por problemas económicos y, a veces, conflictos bélicos, la ha enfrentado a su socio de gobierno de la Unión Social Cristiana (CSU, por sus siglas en alemán), partidaria de endurecer la política migratoria.
Sin la CSU, Merkel se quedaría en minoría en el Bundestag, el Parlamento alemán, y a merced de una votación de confianza que hiciera caer su gobierno como le sucedió al de Mariano Rajoy en España.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
El pasado sábado, la ONG SOS Méditerranée rescató a 630 inmigrantes, muchos de ellos mujeres embarazadas y niños, en aguas del Mediterráneo y los embarcó en su buque Aquarius.
El nuevo gobierno italiano, formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, formación caracterizada desde hace años por sus mensajes xenófobos, cumplió su promesa electoral y se negó a recibir en ninguno de sus puertos a los extranjeros rescatados.
Tampoco quisieron hacerse cargo las autoridades de Malta, el otro país europeo del que estaba cerca del buque, lo que provocó un conflicto que solo se resolvió cuando el recién nombrado presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció Valencia como puerto seguro para acoger a los inmigrantes.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, definió el "gesto simbólico" de Sánchez como un intento de que los países europeos "dejen de mirar para otro lado".
El llamado Convenio de Dublín, negociado inicialmente en 1990, establece que, salvo en pocas excepciones, los solicitantes de asilo son responsabilidad de los estados miembros por los que acceden a territorio de la UE.
Esa norma ha provocado durante años una fuerte presión sobre países como Grecia, Italia y España, que tienen las costas más cercanas a las zonas de las que suelen proceder los indocumentados.
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, aprobó un sistema de cuotas para repartir a quienes fueran reconocidos como refugiados y aliviar así la situación en los mecanismos de respuesta de Italia y Grecia.
