Era uno de los temas más controvertidos de la política mexicana: el fuero que permitía a funcionarios, legisladores, gobernadores o el presidente evitar un juicio o ir a prisión durante su mandato.
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Ya no existe. Este jueves, la Cámara de Diputados acordó eliminar esta inmunidad que permaneció inamovible durante casi un siglo. Para ello, los legisladores modificaron los artículos 108 y 111 de la Constitución.
La medida debe aprobarla el Senado y después necesita el aval de al menos 16 de los 32 congresos locales. El paso final es la promulgación del presidente de la República.
No hay un plazo para ello, pero según especialistas como el proyecto fue avalado por todos los partidos, es probable que el tiempo sea menor al de otras reformas constitucionales.
El fuero era una protección cuestionada desde hace varios años por académicos y organizaciones civiles, pues abría la puerta a la corrupción e impunidad.
La demanda se intensificó en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, después de algunos escándalos por desvío de dinero público de exgobernadores.
La decisión fue considerada como histórica por los legisladores.
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"Los mexicanos han reclamado, con razón, que la justicia no trata igual a todos los ciudadanos", dijo el diputado Francisco Martínez Neri, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
"La realidad es que tuvieron que pasar varios lustros para que el gobierno se diera cuenta del reclamo social y cambiaran la carta magna".
La historia
Originalmente, el fuero se estableció en la Constitución como una forma de garantizar que los legisladores expresaran sus opiniones sin temor a ser encarcelados.
Pero luego se extendió a todas sus acciones, es decir, mientras durase el tiempo de su mandato no podían ser detenidos por la policía ni enfrentar juicio alguno.
La inmunidad se extendió después a gobernadores, alcaldes, jueces, funcionarios o Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La protección, sin embargo, no evitaba investigaciones en su contra y en estos casos sólo podían ser detenidos una vez que concluyera el mandato de cada uno.
El caso del presidente de la República era distinto. Además de que siempre tuvo fuero, sólo podía ser enjuiciado si cometía algún delito común o traicionaba a la patria.
Esta protección se extiende también a los expresidentes por el resto de su vida.
Pero este proceso sólo podía iniciarse con el respaldo del 51% de todos los diputados federales. Es una de las claves: desde el siglo pasado el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados tuvo la mayoría de curules en la Cámara de Diputados.
Esto se convirtió en un dique para los intentos de juicio político, que generalmente fueron archivadas.
De hecho, ni una sola de los cientos de decenas de peticiones para sancionar a presidentes en funciones o al dejar el cargo ha sido revisada por los legisladores.
Este procedimiento se repite con los gobernadores, aunque los responsables son los congresos locales.
Estos personajes, por cierto, pueden ser detenidos y juzgados al terminar su mandato.
Los riesgos
Si la reforma aprobada por los diputados se promulga antes del 1 de diciembre, el próximo presidente de México será el primero que no tenga fuero en la historia.
Para que sea realidad es necesario cumplir este plazo: en el país la aplicación de las leyes no es retroactiva, y por tanto ninguna persona puede ser detenida o juzgada con legislaciones nuevas.
El 1 de diciembre asume el gobierno el nuevo presidente, y a partir de ese momento sus acciones se analizan con las leyes vigentes ese día.
Por eso la enmienda votada este jueves no es aplicable al actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Para algunos analistas la decisión de la Cámara de Diputados debe tomarse con cuidado.
Cancelar el fuero es una propuesta que se presentó desde hace varios años a los legisladores.
