Menos de medio centenar de ciudadanos venezolanos se mantenían hasta ayer en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia en el tercer día de exigencia de pasaporte para su ingreso en la nación.
Los venezolanos, varios niños entre ellos, amanecieron sobre colchones colocados en una carpa con el logotipo de por la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la zona de Rumichaca.
Dos ventanillas de la oficina de Migración estaban abiertas a primera hora de ayer, pero sin afluencia.
Y es que hasta el 17 de agosto bastaba con presentar el documento de identidad para recibir una carta andina con la que podían circular por Ecuador y seguir hacia otro destino del sur del continente, casi siempre Perú y Chile, sin problema alguno. La ONU calcula que sólo este año ya han ingresado unos 550.000, de los cuales solo se quedó en suelo ecuatoriano un 20%.
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Posturas
“La medida (de Ecuador) le pone más carga a Colombia, que ya está desbordada con más de un millón de venezolanos entre legales -820.000- e ilegales”, ha manifestado Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia.
Para Mauro Toscanini, ministro del Interior de Ecuador, al obligar (a los venezolanos) a contar con un pasaporte, podrán “mitigar delitos como la trata de blancas. Es un problema de movilidad que tiene carácter regional. En algún momento tendremos que reunirnos los representantes de varios países y tomar cierto tipo de decisiones”, ha comentado.
De acuerdo con la postura de Ecuador Jorge Enríquez Quiñonez, subdirector de Unicef en Ecuador, ha manifestado que “comprendo la razón de Ecuador para hacerlo, es por seguridad, pero debemos entender que es un fenómenos muy particular porque Venezuela no está emitiendo documentos de identidad a las personas que abandonan el país”.
Y mientras Toscanini ha defendido la medida para “garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado” y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes, la Defensora del Pueblo de Ecuador, Gina Benavides, argumenta que está probado que cuando se ponen medidas de restricción se fomenta la migración irregular, por lo que teme que los delitos que se pretende evitar podrían aumentar.
Por ello, junto a la Defensoría Pública solicitaron ante la Judicatura la suspensión cautelar de la medida por considerar que es discriminatoria, un atentado a los derechos humanos.
Y que no sólo no restringirá la llegada masiva de venezolanos, sino que empujará a muchos a echarse en brazos de las bandas de tráfico de personas puesto que Colombia y Ecuador comparten 700 kilómetros de frontera, la mayoría por zonas selváticas y de escasa o nula presencia institucional.
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Países toman medidas
En Perú, se exigirá el pasaporte a partir del sábado 25 de agosto.
El Gobierno de Argentina implementará desde septiembre un nuevo plan para un control más estricto del flujo de inmigrantes, que se ha incrementado y así regularizar la situación de los irregulares.
Y el presidente brasileño, Michel Temer, convocó a una reunión de emergencia para evaluar la situación en la frontera con Venezuela, después de que campamentos improvisados de venezolanos fueran atacados por vecinos de la ciudad de Pacaraima.